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Y ahora, una minera de EU (socia de AHMSA) pide a México 3,500 mdd por impedirle contaminar en BCS

Después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales frenó la explotación del proyecto Don Diego para extraer fósforo del mar, por su daño a la biodiversidad de las especies, la compañía Odyssey Marine Exploration, aliada con Altos Hornos de México, alega que la prohibición viola el Capítulo XI del TLCAN y asegura que su actividad es central para la soberanía alimentaria de México

Por Daniela Pastrana y Celia Guerrero

Esto no es ficción: una empresa estadounidense que se dedica a buscar tesoros en el fondo del mar se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA) para explotar una mina subacuática en Baja California Sur y extraer fósforo. La Secretaría de Medio Ambiente negó la Manifestación de Impacto Ambiental por el riesgo que genera para la biodiversidad, sobre todo para la tortuga caguama. Ahora, la minera busca que el Estado mexicano le indemnice con más de3 mil 500 millones de dólares sus pérdidas y ha presentado una denunciaformal ante un tribunal internacional de comercio alegando que Semarnat violóel Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Gobierno mexicano recibió en enero la notificación de la intención de demanda de Odyssey Marine Exploration, Inc. (Odyssey) por la cancelación del proyecto Don Diego, al amparo del Capítulo XI, Inversión, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Y el 5 de abril, según los documentos que están en la Secretaría de Economía, Odyssey presentó “a nombre propio y en representación de la empresa mexicana Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO)” una “Notificación de Arbitraje (NOA)”. Es decir, la demanda por la que reclama una indemnizaciónde 3, 540 millones de dólares por pérdida de inversión.

“Odyssey argumenta que ExO es su vehículo de inversión, empresa mexicana que tiene derechos sobre una concesión minera de fosforita en México. Odyssey argumenta haber realizado expediciones de exploración que involucraron el trabajo de técnicos y una amplia gama de equipos topográficos, oceanográficos y geológicos para evaluar la zona de su inversión. Odyssey reclama un supuesto bloqueo de su proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por su negativa de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental de su proyecto, así como supuestos actos ulteriores relacionados.

Odyssey considera que la actuación por parte de SEMARNAT ha destruido el valor de su inversión en México y resulta violatoria de las siguientes disposiciones del TLCAN: Artículo 1102. Trato Nacional; Artículo 1105. Nivel mínimo de trato; y Artículo 1110. Expropiación e indemnización”, dice la ficha de la Secretaría de Economía.

LA DEMANDA

El documento de demanda, de 26 cuartillas, ingresado el 5 de abril, alega que con la resolución de Semarnat, México violó el capítulo XI del TLCAN, que protege las inversiones.

Este artículo es un recurso jurídico que existe en todos los tratados de comercio internacionales y que ha sido aplicado cada vez con mayor frecuencia por empresas extractivistas trasnacionales para demandar a los países pagos millonarios por la pérdida de inversiones, como documenta el informe Casino del Extractivismo, presentado el miércoles pasado en la Ciudad de México.

Hasta ahora, México ha tenido que pagar a empresas trasnacionales más de 242 millones de dólares por 9 resoluciones en contra, pero tiene abiertos otros 12 juicios, entre ellos el de otra minera estadonidense que reclama 500 millones de dólares porque los programas municipales de desarrollo y medioambiente frenaron la instalación de una mina en Quintana Roo.

La cantidad de esta demanda, sin embargo, supera cualquier compensación que México haya tenido que pagar por la aplicación de estas sanciones.

“Es posible que la cantidad sea tan desorbitante para obligar al gobierno mexicano a negociar un acuerdo”, dice en entrevista telefónica Jennifer Moore, coautora del informe.

En su demanda, Odyssey alega no sólo que México violó el TLCAN al aplicar sus normas ambientales. También asegura que su proyecto sería fundamental para garantizar la soberanía alimentaria del país al disminuir la dependencia que tiene México de las importaciones de fertilizantes. Además de que ahorraría millones de impuestos.

Foto: Celia Guerrero, Archivo

LA SOCIEDAD CON AHMSA

Odyssey Marine Exploration es una empresa norteamericana que se dedica a buscar tesoros en barcos hundidos. En 2O07 extrajo del mar más de medio millón de monedas de oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural subacuático de un buque español hundido en el Atlántico en 1804 (eso originó un litigio de 5 años con el gobierno español que terminó obligando a la empresa a devolver los tesoros).

Fundada en 1994, la compañía se dedica básicamente a desarrollar tecnología para recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les permitió cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Pero también es socia mayoritaria de otras tres empresas que poseen licencias de explotación de depósitos minerales en el fondo marino: Neptune Minerals, que tiene concesiones en Nueva Zelanda y Japón; Chatham Rock Phosphate, en Nueva Zelanda, donde un proyecto similar al mexicano está detenido desde 2015. Y Oceanica Resources, basada en Panamá.

A través de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V., planeaba instalar la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas mexicanas de Baja California Sur.

El proyecto minero, llamado Don Diego, está en el Golfo de Ulloa, en el municipio de Comondú, donde existe desde 2014 una veda pesquera para proteger a las tortugas caguamas.

La empresa aplicaría una técnica de minería que nunca ha sido probada, lo que provocó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona. En septiembre de 2014 el proyecto fue rechazado por Semarnat. Entonces Odyssey Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA), la principal siderúrgica en México.

Su dueño, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido el pasado 28 de mayo en Mallorca, España, “como resultado de una denuncia presentada el 5 de marzo ante la FGR, por la Apoderada Legal de Pemex, con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa del Estado”, según el comunicado de la Fiscalía General de la República.

La detención de Ancira Elizondo ocurrió a menos de 24 horas de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda congelara las cuentas bancarias de AHMSA y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En diciembre de 2016, con el apoyo de Round Earth Media publicamos en Pie de Página una investigación sobre la alianza de Odyssey y AHMSA para explotar la mina en Baja California.

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