Por Jaime Martínez Veloz

La frecuente distorsión de creer que las decisiones federales o externas ―por sí solas― lograrán que superemos la difícil realidad que hoy enfrenta Baja California, significa apostarle a la incertidumbre y al desequilibrio gubernativo que ya padecemos.

Llevamos décadas apareciendo en las primeras planas de los diarios, pero sólo con notas rojas.

Llevamos ya 32 años de administraciones estatales de distinto signo que prometieron el cambio y éste no ha llegado para el grueso de la población.

Cuando pensábamos que la llegada de MORENA sería la posibilidad de formular los cambios que durante años reclamamos, pasamos rápidamente del encanto al desencanto. En menos de 2 años, nos dimos cuenta de que son peores que los anteriores.

En los últimos años los problemas más urgentes se han agravado, están ahí latentes sin que exista una visión de Estado para empezar a darles atención, y lo que es más grave han aparecido nuevos problemas, como resultado de una actitud de intolerancia y autoritarismo por parte del anterior y del actual Ejecutivo Estatal, de diferentes partidos, pero al igual de incompetentes.

La dimensión del cambio que reclama Baja California es de tal magnitud, que todos tenemos algo que aportar.
Lo que requerimos es voluntad y decisión de participar en la construcción de un Estado que todos queremos y necesitamos.

En esta tarea nadie debe tratar de adueñarse del cambio o fingir que entra o está en este proceso por generosidad.

La Reforma Democrática del Estado se vislumbra como la forma más viable para proceder al diseño y ejecución de un Nuevo Pacto Político en Baja California.

Un acuerdo del más alto nivel del que la sociedad verdaderamente forme parte, y en el cual fijemos el rumbo y el futuro que asegure progreso, justicia social, cumplimiento del estado de derecho y democracia para todos los que habitamos esta frontera norte.

Este acuerdo político habrá de ser elaborado con el concurso pleno de la propia sociedad.

El próximo Congreso, por la representación popular que le es inherente y al ser el lugar de confluencia de las principales fuerzas políticas de la entidad, deberá ser el eje articulador, en una primera instancia, de la realización de los trabajos.

Queremos una Reforma Democrática del Estado. Pero una reforma de fondo, no de forma ni formalista.

Una reforma que defina antes de cualquier cosa, el tipo de estado que queremos darnos los bajacalifornianos.

Una reforma que lleve a un Nuevo Pacto que habrá de ser formulado con visión de presente, pero sobre todo de futuro.

Por ello, deberá contener aquellas medidas sobre las que es necesario trabajar en forma urgente, como aquellas que deben ser instrumentadas a mediano plazo y las que habrán de serlo para el largo plazo.
Un Nuevo Pacto Político, que se formule con el concurso de los partidos políticos grandes y chicos, el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado, los municipios, el Tribunal Superior de Justicia, y que sea incluyente a todas las instancias involucradas en el desarrollo de la actividad política, pero sobre todo que se construya hombro con hombro junto a la sociedad bajacaliforniana.

Creemos que la Reforma Democrática del Estado, debe construirse desde una perspectiva estratégica, que plantee una propuesta de horizonte para el corto, para el mediano y para el largo plazo.

Queremos un Estado que sea ágil para responder a las demandas sociales y flexible para el diseño de los métodos que permitan hacerlo de la mejor manera.

Un Estado que goce del reconocimiento de la sociedad porque cuenta con una administración pública transparente, eficiente, con vocación de servicio a la ciudadanía y orientada hacia la rendición de cuentas como un quehacer natural e indeclinable y cuyos empleados sean cumplidos y responsables.

Queremos una administración pública menos burocratizada, ritualista y deshumanizada.

Una administración en la que exista el servicio profesional de carrera, que garantice desarrollo profesional del trabajador en activo y un retiro digno del pensionado y jubilado; y que mejore permanentemente la capacidad gubernamental de dirección, articulación, coordinación e instrumentación de programas y acciones.

Un Estado que garantice la efectividad en el manejo de los recursos públicos, que ofrezca óptimos bienes y servicios, amplíe la cobertura de estos y sobre todo que se aboque a resolver los problemas que más preocupan a la sociedad.

Que asuma su responsabilidad y aplique la ley en defensa de los derechos de los trabajadores, de los indígenas y de los grupos vulnerables.

Un Estado que respete y valore al individuo y fomente los valores más sentidos como el amor al trabajo, la disciplina, la responsabilidad y la honestidad; que fomente el trabajo de las organizaciones sociales, que impulse al sector productivo y que se preocupe por contar con amplia y adecuada infraestructura social.

Un estado que cree condiciones favorables para el crecimiento económico con equidad y motive el pleno empleo, con salarios justos y remuneradores, que mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores y en donde los sindicatos defiendan con efectividad sus legítimos intereses y promuevan la contratación colectiva.

Un Estado que propicie la más amplia participación posible de las comunidades y de las organizaciones en el diseño, operación, control y evaluación de los programas a cargo de las instituciones públicas.

Un Estado en el cual, aplicándose plena y realmente el principio de la subsidiaridad, exista la redistribución de las competencias y la descentralización de los recursos entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales y las organizaciones sociales, dejando a éstas la responsabilidad operativa de las obras y acciones que puedan llevar a cabo.

No más exclusión ni inequidad

El Estado no debe ser más protagónico ni estar sobredimensionado.

Aspiramos a un Estado en donde la justicia sea una piedra angular y garantía de igualdad entre quienes acuden a los tribunales y a las distintas instancias que aplican la ley.

Es decir, donde el acceso al sistema judicial sea más equitativo, donde la administración de la justicia no discrimine a los más pobres y en donde funcione a plenitud el Estado de Derecho y exista una recta administración de la justicia.

Un Estado en donde la seguridad pública sea algo real, tangible, disfrutable y en el que el ciudadano recupere la calle como espacio de convivencia vecinal y comunitaria.

Un Estado en el que se promueva la defensa del medio ambiente y se aplique la ley a quienes depredan la naturaleza, contaminan el agua, el aire, la tierra e infringen las disposiciones relativas a la preservación del ambiente.

Un Estado en el que la cultura no sea un artículo de lujo sino un medio que permita que toda la colectividad encuentre gratificación para el goce estético y el fortalecimiento del espíritu; y en el que los valores de la cooperación, la solidaridad y el trabajo voluntario sean parte del concepto de cultura.

Un aspecto para considerar es que de poco sirve una Reforma Democrática del Estado, si ésta no propicia una transformación de la mentalidad colectiva y de la forma de pensar de quienes habrán de instrumentar la propia Reforma.

Aspiramos a contribuir a edificar un Estado que coordine, promueva y aliente los intereses y los valores de los distintos actores; y en donde la libertad del individuo y de la sociedad se vean protegidos por un Gobierno que se circunscribe a sí mismo para agrandar los espacios de la acción ciudadana.

Vislumbramos un Estado en el que el municipio asuma y ejerza un rol relevante y en donde prevalezcan los intereses locales por sobre los de otro orden de gobierno y se aplique a plenitud el artículo 115 de la Constitución de la República, posibilitándose con ello una mayor autonomía municipal.

Un Estado que no busque concentrar el poder político y los recursos, sino que por el contrario los distribuya y vuelque hacia la sociedad y en el que se apoye financieramente a los pequeños y medianos empresarios y se otorguen las facilidades exportadoras para los grandes productores; y en donde el progreso individual sea también el progreso del Estado.

Queremos un Estado en el que la educación sea más y mejor en todos los niveles y crezca el número de quienes inician y de quienes culminan sus estudios y en donde los centros educativos otorguen mejores servicios.

Un Estado que esté preocupado por cada joven que deja de estudiar y por aquel que no cuenta con una escuela en la cual desarrollar sus estudios, fomentando para ello las herramientas digitales con que se cuenta en la actualidad.

Un Estado que mantenga debidamente la infraestructura educativa y que esta cubra cabalmente las necesidades de la niñez y de la juventud del estado, incluyendo a la de menores ingresos familiares.

Un Estado dispuesto a invertir en la gente y sus necesidades para detener y revertir la pobreza extrema y sea por ello, ejemplo en el país de que ello es posible.
Un Estado que distribuya con mayor equidad los frutos del desarrollo y su misión esté identificada con la elevación de la calidad de vida de sus habitantes y que ésta sea el mejor indicador de que llevamos buen camino.

Todo estado retrocede, si la calidad de vida de la gente disminuye.

Un Estado preocupado por la salud pública, sobre todo de quienes no cuentan con los recursos para atenderse en forma particular.

Un Estado promotor de vivienda para personas de escasos recursos que establezca programa de lotes con servicios e instituya programa de autoconstrucción y de mejoramiento.

Un Estado que propicie el desarrollo de los productores del campo y de la ciudad a través de distintos estímulos fiscales y apoyos directos.

Que propicie la colaboración entre el sector público y el sector privado sobre la base de objetivos de largo aliento.

Se requiere menos Estado y mejor Estado

Un Estado que tienda puentes hacia la sociedad, no que construya túneles para negociar en la penumbra.
Que encuentre su razón de ser en la sociedad y no en sí mismo o al margen de ella.

Un Estado abierto, tolerante y respetuoso del sentir y hacer de la sociedad; y que no otorgue impunidad ni privilegios que rompen el principio de equidad y lesionan la moral ciudadana y demeritan la credibilidad de las instituciones.

En suma, un Estado orientado hacia el ciudadano en el que la persona, el ser humano y el desarrollo de su vida, libertad y potencial, sea el motivo fundamental que guíe el trabajo de las instituciones gubernamentales y el accionar de la propia sociedad.

Ese es el Estado al que aspiramos

Ese es el Estado que estamos dispuestos a impulsar junto con la sociedad, ya sea dentro de la Reforma o fuera de esta, pero hombro con hombro con la ciudadanía.

Un proceso de suyo necesario y esperanzador, como lo es la Reforma Democrática del Estado, puede naufragar si no cuenta con una serie de elementos que aseguren su viabilidad, garanticen su continuidad y contribuyan a su incorporación y apropiación tanto por parte de las instituciones como de la sociedad.

Consideramos que algunas de las causas que han frenado los esfuerzos que en el pasado se han impulsado para llevar a cabo una Reforma Democrática del Estado en Baja California, son las siguientes:

Ausencia de la sociedad en los trabajos

  • Bajo nivel de representación de los participantes en el proceso
  • Falta de rumbo
  • Poca productividad
  • Mesas especializadas no instaladas
  • Predominio del Ejecutivo
  • Falta de un Secretariado Técnico colectivo
  • Simulación y descrédito

De esta forma, los medios de comunicación alejan y la sociedad pierde interés en los resultados de la política misma.

Sin sustento social, cualquier reforma cae en el descrédito.

Consideramos que la Reforma Democrática del Estado debe tener un rumbo claro, una dirección que responda a las preguntas que son punto de partida
¿cuál es el tipo de Estado que queremos los bajacalifornianos? Y ¿quién o quiénes deben definirlo?

A partir de la respuesta a esas preguntas, podremos redimensionar la trascendencia de una Reforma profunda del Estado.

Le apostamos al diálogo, pero como el mejor método para lograr consensos, que revelen la pluralidad de opiniones, y no sólo la voluntad de un individuo o grupo.

Este diálogo y sus resultados sólo pueden producirse en las coordenadas de la legalidad, la tolerancia, la inclusión y el respeto a los que piensan diferente.

Amigas y Amigos

Estamos convencidos de la necesidad de un Nuevo Pacto en Baja California que nos permita garantizar el progreso, el cumplimiento del estado de derecho, la justicia social y la democracia para todos.

Nuestra propuesta de Reforma no es un capricho.
Es el resultado de lo que miles de ciudadanos demandan cotidianamente, de los que nuestros militantes plantean a diario: instituciones modernas que respondan eficazmente a las necesidades de una sociedad temerosa y agraviada.

Hay que subrayar un hecho que a veces no parece tan evidente: siempre hemos contribuido de manera decisiva a la continuidad en la vida pública, a la gobernabilidad de la entidad.

Ni siquiera en los enfrentamientos más ásperos con los gobiernos de distinto signo apostamos a la debacle institucional.

No vemos en el empeoramiento de la situación del estado una forma fácil de hacernos del poder.
Con todos nuestros errores, somos una oposición democrática que apuesta a la crítica, cierto, pero también a la propuesta.

Hay una gran Reforma que nos necesita unidos, críticos y fuertes alrededor de un proyecto democrático, que nos reencuentre con la sociedad y su confianza en nuestra capacidad para contribuir en la recuperación de Baja California como un Estado donde impera el estado de derecho, la justicia social, la democracia y el progreso para todos.

Sólo en la búsqueda de ese objetivo, seguiremos aportando audacia, desarrollo económico y democracia política al país, y podremos acceder, todos y no sólo unos cuantos, a los beneficios de una globalidad internacional que ya es inevitable.

Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte
“Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.

Por Treinta33

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